Vista general de una de las áreas  afectadas. Valle del Tiétar, julio de 2009. Autor: Chema Mancebo

Datos sepultados bajo la ceniza (Metodología)

Vista general de una de las áreas afectadas. Valle del Tiétar, julio de 2009. Autor: Chema Mancebo

Al poco tiempo de lanzar España en llamas, una aplicación para visualizar los incendios de más de 100 hectáreas en lo que va de siglo, nos planteamos averiguar cuántas sentencias por incendios forestales se habían fallado en los últimos años. No se encontró ningún registro de ninguna institución del Estado que compilara esas resoluciones judiciales y que las archivara y analizara de modo sistematizado.

Tras nueve meses de trabajo, Civio ha elaborado la más completa base de datos -oficial o extraoficial- sobre sentencias dictadas por delito de incendios forestales que haya en España. La lectura pormenorizada de cientos de resoluciones judiciales ha dado como resultado un archivo que incluye 325 sentencias válidas y que han sido falladas entre 2007 y junio de 2013. Juzgan la autoría de 420 incendios e imputan a 393 personas. Asimismo, recoge 44 campos de información sobre el contenido de cada uno de los veredictos que resuelven delitos cometidos entre 1996 y 2012.

Se ha bebido principalmente de las bases de datos de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo (en adelante, la Fiscalía), de la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), órgano dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de editoriales, de la documentación aportada por algunas Audiencia Provinciales y de la prensa.

En el camino, nos hemos encontrado con que las diferentes administraciones competentes incurren muchas veces en descoordinación, corporativismo, opacidad y la dispersión de los datos públicos. Por esas razones y por la inexistencia de una referencia oficial consistente es aconsejable no aventurarse a determinar el número real de sentencias que pueda existir por delito de incendio forestal.

Ni los Ministerios Fiscal, de Justicia o de Interior cuentan con bases de datos sistematizadas sobre la materia de estudio que compilen los fallos judiciales y las investigaciones policiales del conjunto del Estado para esclarecer el perfil sociológico y criminal del incendiario. Dada la convulsión social y mediática que generan los incendios forestales cada verano, resulta extraño que no se disponga de una herramienta tal para combatir con mayor conocimiento de causa esa tragedia.

Los informes anuales de la Fiscalía informan de que entre 2007 y 2012 se dictaron 760 sentencias, 561 de ellas condenatorias y 199 absolutorias. Civio tuvo acceso en exclusiva a la Memoria 2012, año en el que precisamente hubo más resoluciones de la serie histórica, un total de 159. El fiscal, Antonio Vercher Noguera, amablemente facilitó en diversas ocasiones que hiciéramos uso de la base de datos de sentencias de la Fiscalía.

Sin embargo, ese mismo uso nos permite asegurar que, incluidas las de 2013, el sistema no llega a albergar más de 300 fallos digitalizados. Vercher Noguera declinó nuestras más de cinco peticiones de entrevista, verbales y por escrito, para tratar ese déficit y la veracidad y rigor de los datos de las memorias anuales, entre otros asuntos. Finalmente, el 17/06/2013 nos mandó una carta por la que rechazaba una entrevista personal “debido a problemas de agenda”.

Insistimos, pero recibimos el 19/07/2013 del Gabinete de Prensa de la Fiscalía General del Estado una comunicación en la que se indicaba que respecto a nuestras “reiteradas peticiones de información y entrevistas con miembros de esta Fiscalía (…) la Fiscalía de Medio Ambiente considera que excede con mucho sus obligaciones de informar a la opinión pública”. Concluía: “Lamentamos no poder atender sus pretensiones de análisis e información”.

De hecho, la Memoria 2011 de la Fiscalía señala dificultades en el “sistema estadístico que permita conocer de manera fidedigna e indubitada cuál es el estado de la temática ambiental en España desde el punto de vista judicial” por problemas de unificación de las herramientas informáticas y por “la diferente percepción de lo que es delito y lo que no lo es por parte de la Administración y las Autoridades judiciales, lo que ocurre con mucha frecuencia por ejemplo en incendios forestales”.

A modo de ejemplo, el informe del año 2012 de la Fiscalía Provincial de Valencia, sección de Medio Ambiente y Urbanismo, señala que “al no estar interconectados los programas de la Fiscalía y de los Juzgados, es imposible saber al día cuantos procedimientos se están tramitando en los Juzgados de la Provincia”.

En esa provincia hubo en 2012 cuatro grandes forestales que calcinaron 60.000 hectáreas de montes. Entre ellos, el segundo más grave de lo que va de siglo en cuanto a superficie quemada: el originado en Cortes de Pallás en junio y que arrasó 27.939 hectáreas, según la Generalitat Valenciana.

Añade ese informe que “la aplicación Fortuny [un sistema informático usado por el Ministerio Fiscal para compartir y ordenar toda la información generada por sus órganos] ha resultado absolutamente inoperante pues contiene un elevadísimo número de errores, hasta el punto que bajo el epígrafes de ‘Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales’ aparecen registrados robos, hurtos, lesiones, etc.”

En cuanto al Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, proporcionó la estadística de condenados entre 2001 y junio de 2013, que asciende a 717 condenados. Entre 2007 y 2012, informa de 404 condenados, cifra que no coincide con las 561 sentencias –una sentencia puede juzgar a más de una persona- que registra la Fiscalía.

Además, a ese Registro el solicitamos el número de personas que han ingresado en prisión por delitos de incendio forestal a lo largo de la serie temporal 2001-2013 y cuántos condenados cumplen actualmente pena de prisión por esa causa. Nos respondieron que no disponían de esas datos.

Por otro lado, Iñaki Vicuña, director del Cendoj, también apoyó el trabajo de búsqueda. Pero en la base de datos de este órgano tampoco se hallaron las 762 referencias que indica la Fiscalía, ni siquiera las 325 que hemos reunido. “Nosotros recogemos la información de los Órganos Colegiados: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales”, explicó Vicuña. Entonces, los fallos de los juzgados de primera instancia de lo Penal, donde también se judicializan delitos por incendios forestales, quedan excluidos de ese registro.

Asimismo, hay que destacar que la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) –que Juan Elosua logró domesticar para su mejor manejo- es una herramienta extraordinaria basada en los partes oficiales de incendios para analizar este grave problema medioambiental que sufre España, pero no hace un seguimiento de la judicialización de los casos punibles.

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA, Begoña Nieto, tampoco aceptó ser entrevistada tras cuatro peticiones telefónicas y por escrito. Sólo manifestó verbalmente su malestar porque el Ministerio hubiera cumplido con el Derecho de Acceso a la Información ambiental que se recoge en la Ley 27/2006 que permitió a Civio tratar informáticamente la EGIF para hacérsela llegar a la ciudadanía.

Por su lado, el oficial de la Guardia Civil, José Luis González, asegura que tampoco disponen de una base de datos de sentencias: “Nosotros entregamos las investigaciones a los jueces instructores y ahí se acaba nuestra relación con la Judicatura”.

Un esfuerzo loable lo hizo Greenpeace cuando compiló y analizó 228 sentencias dictadas en el periodo 1996-2006 y publicó en un informe el intento de hacer un perfil de incendiarios condenados con esa muestra limitada.

No obstante, Civio se abstiene de hacerla pública para no caer en el riesgo de ser demandada por lo que establece la ventana emergente del portal web del Cendoj que salta al consultar su buscador de Jurisprudencia y que conforme al art. 107, 10º de la Ley Orgánica del Poder Judicial se permite al usuario “consultar los documentos siempre que lo haga para su uso particular”, pero no “la descarga masiva de información”.

Asimismo, si bien la mayoría de las sentencias manejadas están anonimizadas, la base de datos contiene un conjunto de informaciones que podrían vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Fuentes humanas

Hemos hecho trabajo sobre el terreno en múltiples provincias afectadas por los fuegos. En esos lugares hemos caminado sobre la ceniza y hemos sido testigos de la devastación paisajística y humana que provocan los grandes incendios forestales.

Hemos charlado con: políticos, técnicos de las diferentes administraciones, guardias forestales, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ingenieros de montes, biólogos, retenes y brigadistas contra incendios, ecologistas, ciudadanos afectados por el fuego, profesores universitarios, escritores, bomberos, miembros de la Fiscalía y de la Judicatura, capataces de camión autobomba, miembros de Protección civil y con técnicos de investigación de incendios.

Miedo a represalias

Nos ha llamado la atención durante la elaboración de este trabajo la cautela, rayana en el miedo a represalias, de muchos profesionales que se dedican a la Gestión Forestal y a la prevención, extinción e investigación de los incendios. Recelo por tener reprimendas de sus superiores y por la posibilidad de perder sus puestos de trabajo si hacían un análisis particular desde sus conocimientos.

Algunos, simplemente, no han querido atender a los reporteros; otros han hablado bajo la condición de ocultar su identidad. Siempre ha sido respetado su deseo. Nos tomamos los códigos deontológicos del periodismo con seriedad.

Fuentes documentales

Obviamente, las resoluciones judiciales han constituido el pilar fundamental de nuestro trabajo de análisis para la elaborar la base de datos. Esto ya lo hemos explicado más arriba.
Siempre han sido muy útiles todos los documentos, datos e informes proporcionados por el MAGRAMA, muy especialmente la Estadística General de Incendios Forestales que nos facilitó ese Ministerio a comienzos de 2012 y 2013. Cumplía fielmente esta institución con el Derecho de Acceso a la Información ambiental que se recoge en la Ley 27/2006. También el Tercer y Cuarto Inventario Forestal Nacional. Muchas gracias.
Asimismo, nos han sido muy valiosas las memorias anuales de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y de las Fiscalías provinciales.

Otros muchos escritos han apoyado nuestra labor de documentación y análisis, entre ellos:
• Los informes anuales de ONG como Greenpeace o WWF-España.
• Artículos científicos publicados en encuentros especializados como el Congreso Forestal Español.
• Otros escritos de organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Forestales o la Sociedad Española de Ciencias Forestales.
• Los artículos de prensa online.

Equipo

El padre de España en llamas: Juan Elosua
Responsable de proyecto: Marcos García Rey
Co-responsable de proyecto: Hugo Garrido
Se ocupó de poner en marcha el nuevo portal web: David Cabo
Editó y verificó: Eva Belmonte
Se encargó de la comunicación, de editar y verificar: Javier de Vega

3 Comments

  1. MIGUEL says:

    Para los piromanos y sadicos con animales se exige reforma del codigo penal para dejar de ser un pais tan tercermundista y corrupto.

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